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Sociedad Corrientes Viernes 07 de agosto de 2009 
PASE LIBRE EN LA CAPITAL
Debate sobre discapacidad, normas y transporte
La Asociación de Usuarios reveló hoy, entre otras denuncias, incumplimientos a las normas que dictan gratuidad para facilitar el acceso de las personas con capacidades limitadas al servicio de trasporte público de la capital correntina. Además, ya se piensa “obsoleta” una ordenanza al respecto recientemente aprobada ya "superada por conceptos más amplios sobre la discapacidad”.

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La Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes -AUCC- llamó a una conferencia de prensa para dar a conocer nuevas denuncias por “incumplimientos” del fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº6, y de “normas comunales, provinciales y nacionales” y “tratados internacionales” que avalan “el derecho adquirido del pase libre”.

El pronunciamiento llega un día después de que el Concejo Deliberante aprobara el proyecto de ordenanza que establece el otorgamiento del beneficio de la exención al pago del boleto plano del Transporte Urbano de Pasajeros a las personas discapacitadas, y que además dispone la derogación de la ordenanza Nº 2.015.

No obstante, la AUCC señala que el Tribunal a cargo de la Jueza Selva Spessot había resuelto ya en abril pasado exigir a “las empresas prestatarias del servicio a no desinteresarse de la norma en cuestión” porque “se trata de un derecho fundamental sustentado en la idea de justicia”, e instó al Estado a “tomar protagonismo para evitar la discriminación” y “efectivizar la igualdad".

El presidente de la Asociación, Nelson Veas Oyarzo, señaló que "estos planteos", discutidos con concejales y con el Ejecutivo de la Municipalidad de Corrientes se han cumplido "parcialmente". Sin embargo, señaló que también advierte que "perdura en las resoluciones dictadas" con respecto a la discapacidad y el trasporte, “una visión limitada” que “contradice conceptos ya asentados por instituciones jurídicas”.

“Discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales para la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”, se citó durante la conferencia en alusión al término que sienta la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, a la que adhiere Argentina.

La AUCC ampara a usuarios del servicio de trasporte urbano que son padres de niños con capacidades diferentes, entre ellos, María Prado, que durante la conferencia de prensa dijo que en la institución pública “el concepto limitadamente”, lo que causa “malos entendidos”, y una “mala instrumentación del beneficio”, que inclusive produce “contradicciones” entre “las resoluciones del Concejo Deliberante y el Ejecutivo comunal” que “limitan el derecho al trasporte”.

“Se piensa, por ejemplo, que un discapacitado motor sólo es el que no puede caminar, y al resto no accede al beneficio”, dijo Prado, y además señaló que “del reempadronamiento, quedaron sin tarjeta diferencial las personas que padecen enfermedades discapacitantes, como diabéticos y oncológicos”.

Aunque también se señalaron “incompatibilidades” como que “la doctora que preside la Junta Médica Evaluadora”, que decide sobre el certificado de discapacidad necesario para gestionar un pase libre anta la comuna, "trabaje en una de las más importantes empresas de transporte a la que se le ha concesionado parte del servicio”, o que “el sistema de pases libres esté adecuado al sistema de tarjetas magnéticos que sólo usa una empresa”.

Denuncias

El presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Nelson Veas Oyarso, dijo que “todos los usuarios que posean pases alguna vez avalados hasta el 31 de diciembre, pueden usarlos porque son válidos”, aunque remarcó que “sin bien una resolución de la comuna dicta que deben renovarse, esto es inconstitucional porque no se puede quitar a alguien un derecho adquirido” .

Veas Oyarzo llamó a los usuarios que tengan “dificultades” con el acceso al trasporte público, a “radicar una denuncia en un destacamento policial” o en la misma Asociación de Usuarios y Consumidores, para que la entidad, “con esos documentos, abra causas ante la Justicia”. “Es la única manera que tenemos para que las cosas se modifiquen”, señaló.

Veas Oyarzo dijo que “comenzará a trabajar en querellas contra los funcionarios” que “•no velen por la aplicación de los controles necesarios” para que “dejen de ocurrir violaciones a los derechos de los usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros”, aunque no será la primera vez que eso suceda, de hecho varias causas ya se han abierto.

Es así que aún está pendiente una denuncia ampliada ante Justicia Federal que acusa de un presunto “desvío de fondos de subsidios nacionales” por el propietario de una empresa. Según los cálculos de la Asociación, las empresas de transporte urbano de la Ciudad de Corrientes recaudan por mes U$S 2.063.614 por transportar a 2 millones 700 mil pasajeros, y desde el 2002 a la fecha habrían recibido sólo en concepto de subsidios nacionales

En el fondo

Prado y Veas Oyarzo coincidieron en que “debe impulsarse una nueva legislación que eleve el horizonte de la mirada en Corrientes sobre la discapacidad”. El último además lo propuso como tema de debate público dada la coyuntura de campañas electorales que atraviesa a la provincia. “Sería bueno que alguien tome este tema y le dé cabida a un planteo más elevado sobre la discapacidad”, señaló.

Los padres por los que ofició de vocera Prado esta mañana ven detrás de "la cuestión del pasaje libre" un debate "más profundo” sobre “lo poco desarrollado en la sociedad del sentido de integración”, tanto así que “algunas resoluciones emitidas por instituciones públicas avalan visiones ya superadas”. Los tutores, dijo Prado, seguirán reuniéndose para “continuar el debate”. Estiman que con el último reempadronamiento, “2 mil usuarios diferenciales han quedado sin beneficio”.

“Si estamos hablando de este tipo de cosas y no encontramos respuestas, a sabiendas de las recaudaciones y de la expansión de algunas empresas hacia otras provincias, cómo abordamos cuestiones igual de fundamentales, como unidades que realmente estén equipadas para llevar a discapacitados”, dijo Veas Oyarzo.

La norma aplicable para el servicio de trasporte público de pasajeros es la Nº 3.193. En su artículo 56º señala que serán exentos del pago de la tarifa todos los niños de hasta 5 años, los discapacitados de acuerdo a la Ordenanza 2015, y las personas con más de 65 años de edad, que deben exhibir su documento de identidad al conductor.


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