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Sociedad Corrientes Miércoles 16 de diciembre de 2003 
REPRESION A AUTOVCONVOCADOS
Qué ocurrió el 17 de diciembre del 99
El 17 de diciembre de 1999, en el contexto de una grave crisis institucional y una explosiva situación social tiene lugar en Corrientes una violenta represión a civiles que ocupaban el Puente General Manuel Belgrano, que une sobre el río Paraná a esta provincia con el Chaco. Transcurre en siete jornadas, y culmina trágicamente. Sería el último acto del movimiento histórico conocido como "Plaza de la Dignidad".

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Piden careo entre Storani y el comandante Chiappe
Acto frente a las cruces
Concentración frente al Juzgado Federal
Testimonios de la represión
Conmemoraciones en homenaje a las víctimas
Cooperativa debe indemnizar a niños quemados con desechos agrícolas
Advierten que se busca una prórroga “ilegal” en los servicios de basura y transporte
Organizaciones feministas repudian sentencia en caso Leiva
Analizan reformulación laboral para población carcelaria
Corrientes lideró crecimiento en consumo energético
El l0 los "Autoconvocados" vuelven a tomar el Puente General Manuel Belgrano y son desalojados el 17 en una acción de guerra de tropas de Gendarmería enviadas por el presidente De la Rúa y su ministro de Interior, Federico Storani, que monitoreaban el conflicto en medio de los festejos por su llegada al poder.

A las 4 de la madrugada, previa voladura de un generador de energía eléctrica, los gendarmes iniciaron las acciones. Da paso a una "pueblada" que se extendería unas 11 horas. El episodio abrió un escenario sin precedentes en la historia de la capital corentinamarca. Las fuerzas represivas empelador lanzagases, balas de goma y de plomo y francotiradores contra miles de civiles agolpados en los accesos al Puente sobre la avenida "3 de Abril".

Dos muertos, Mauro César Ojeda, y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la población civil fue el luctuoso saldo de la agobiante jornada del 17 de diciembre.

Corrientes habría sido escenario entre los meses de junio y diciembre de 1999 de un acto histórico conocido como Plaza de la Dignidad. Miles de estatales, en particular docentes, seguidos de profesionales independientes y productores privados salieron a las calles a reclamar por sus sueldos, a rechazar la dilapidación de fondos públicos y a protestar por el achique de las libertades ciudadanas y por la corrupción imperante. Durante ese breve, pero intenso período, el sistema político soportó una aguda crítica que abarcó al sistema de representación institucional, el poder, los partidos y los sindicatos. Se abrieron paso inéditas formas de organización social, como los Autoconvocados, que se movían horizontalmente, respondiendo sólo al mandato de sus asambleas y ejerciendo una democracia directa. Fueron por momentos un poder paralelo.

Los Autoconvocados se hicieron dueños de las calles y las plazas de las principales ciudades y provocaron un proceso de gran movilidad que desembocó en el desmoronamiento de dos administraciones, el desembarco de una intervención federal, el encarcelamiento de una pléyade de funcionarios, violencia, muertos y heridos. Primero, ocurrió el naufragio de la administración de Pedro Braillard Poccard y el encarcelamiento, acusado de corrupción, del intendente y jefe del partido oficial, Raúl Romero Feris, y de varios de sus colaboradores; después su sustitución por un gobierno de crisis armado con casi todo el arco opositor; y con posterioridad el desplazamiento de esa administración, a manos de una intervención federal, comandada por el actual jefe de Interior Ramón Mestre.

QUERELLA

Está en curso una querella contra Gendarmería, el Ministerio, la Secretaría de Seguridad y el Estado Nacional por la represión La causa ha asidao caratulada como "querella criminal y acción civil resarcitoria por la comisión de tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad". Es promovida por los abogados de las víctimas Daro Alejandro Esquivel y Manuel Cuevas.

La querella estuvo alrededor de un año demorada por "conflictos de competencia" entre la justicia provincial y federal, episodios que fueron denunciados por organismos de Derechos Humanos como maniobras dilatorias y simples chicanas.

"El accionar de Gendarmería nacional fue decisivo en el intento de acabar con la vida de civiles y lo revela de modo contundente los dos muertos y la cantidad de heridos", se acusa en la querella. Testigos de los hechos relataron haber visto disparar contra la población civil a las fuerzas de Gendarmería y luego se especularía con la presencia de francotiradores.

"Ese proceder sobrepasó los límites de la prudencia y de milagro no provocó más muertes" –sostienen los abogados al tiempo que rechazan los calificativos de sediciosos y subversivos utilizados por el gobierno al ordenar la represión. "Es evidente que se trató de una acción dirigida con la con la indudable finalidad de matar". "La toma pacífica del Puente y/o calles son manifestaciones legítimas y genuinas de numerosos sectores sociales que han sido empujados a la desesperación por la situación económica", concluye la querella.


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