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Sociedad Corrientes Jueves 23 de agosto de 2018 
COMUNICADO
Organizaciones relacionadas al hábitat piden mayor análisis y audiencias públicas por Plan Costero
Organizaciones que trabajan en diferentes áreas y disciplinas relacionadas al hábitat, en el marco de diferentes instituciones y espacios educativos, culturales de la Ciudad de Corrientes y Resistencia, se convocaron y se movilizan por el llamado “Plan Costero”, presentado como proyecto de ordenanza al HCD. Piden audiencias púbicas y que el proyecto sea examinado por la Comisión Permanente de Código de Planeamiento, acompañado por una mesa interinstitucional e intersectorial

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En el comunicado expresan que dicho "Plan" afecta "(o más bien desafectan) una gran cantidad de tierras fiscales en el área central y costera de la ciudad.

"En el marco de un contexto nacional sumamente inquietante de ajuste, desfinanciamiento de sectores públicos, recorte presupuestario en materia de educación, ciencia y técnica, creciente desempleo; acompañado por una batería de medidas que ponen en práctica estrategias neoliberales conducentes a la privatización, cercenamiento de bienes colectivos (que nos recuerdan a otros períodos históricos no tan lejanos); nos surgen innumerables cuestionamientos sobre estos procesos de reestructuración de la ciudad que el gobierno actual busca emprender. De forma particular y colectiva cada uno de nosotros busca, a partir de una perspectiva crítica, conducir a preguntas sobre esta propuesta preocupante por su gran indefinición, y la omisión deliberada de todo espacio participativo que pueda reconocer la posición de los diferentes sectores y grupos sociales de la ciudad.

"Resulta evidente en un principio que no estamos hablando de una propuesta que pueda ser calificada como “Plan Urbano”, sino de un proyecto de ordenanza que proviene de un sector del municipio, la Secretaría de Planeamiento, formado por unos cuantos técnicos, acompañado por una serie de reuniones con los representantes del Gobierno Nacional, del también impreciso “plan Belgrano”, de la actual gestión municipal e incluso del director de la Agencia de Bienes del Estado (teniendo en cuenta el desguace de tierra fiscal que lleva adelante este organismo)1. No existe detrás de esto un documento técnico y consensuado por diferentes sectores, que especifique cuestiones mínimas como valores en superficie y monetarios que están en juego a ser cedidos, vendidos, subastados ¿quién sabe?

"Es preocupante a su vez, que no haya sido convocada la Comisión Permanente de Revisión del CPU, ni se haya hecho partícipe a la Comisión del Casco Histórico2, como instancias mínimas de discusión intersectorial previas. Sin hablar que semejante propuesta, mega-millonaria y que afectaría a toda la ciudadanía, debería encarar asambleas, audiencias públicas, o la implementación de instrumentos de diagnóstico participativo que sean vinculantes y que tengan en cuenta las voces de quienes podrían ser afectados. De otra manera, no es posible hablar del “consenso” al que refieren algunos sectores.

"Por otro lado, preguntamos: si de un plan costero estamos hablando ¿por qué solo afectar a áreas centrales, que ya están dotadas de infraestructura, equipamientos, que sostienen las cualidades paisajísticas y de espacio público más valoradas, es decir, que históricamente recibieron un redireccionamiento de la inversión y la construcción progresiva de la sociedad? Frecuentemente se habla de “descentralizar”, y de redistribución de los recursos en diferentes sectores deficitarios, mientras que acá parece procederse al revés.

"Estamos hablando de grandes superficies de tierra pública, muchos de Nación, localizadas en la Costanera General San Martín sometidas a un carácter generalizado e indefinido de “espacio público de esparcimiento para aprovechamiento del borde costero con usos mixtos compatibles, como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio”. Se establece un gran porcentaje cedido al municipio (lo cual también ponemos en duda se concrete), posibilitando alturas de hasta 105 mts. (35 pisos) (UG1 Vías Navegables, UG 2 Puerto, UG 5 Regimiento, UG 6 Penitenciaria) o residencia también de hasta 105 mts. de altura para los terrenos más reducidos de Vialidad o del ejército. Sin embargo, poco se dice de cuál será el futuro particular que le deparará a Vías Navegables, el actual puerto, la escuela técnica, el mercadito paraguayo, la parada de colectivos urbanos e interurbanos y así podríamos seguir mencionando una serie de espacios de gran valor patrimonial, con usos consolidados y activos, como el Edificio de VIalidad, la Casa de la Memoria, la Usina, de los cuales no existen definiciones.

"Se incluye a su vez a la Costanera Sur, la cual es un ejemplo de estos procesos de reconversión costera, que si bien abrió un importante espacio público para toda la ciudad y generó actividades turísticas, implicó la expulsión o relocalización de familias que allí residían hacia la periferia, desencadenando la existencia de tierra privada ociosa por muchos años que ahora se transforman en importantes torres residenciales y un hotel. Estos procesos implican la expulsión paulatina de pobladores históricos por la presión que el mercado inmobiliario produce, la concentración de activos y áreas importantes de la ciudad en pocas manos y la desintegración del tejido social.

"Por otro lado, este plan afecta a áreas consideradas “periféricas” por su difícil acceso, donde se encuentran algunos barrios populares (como en la zona sur) o áreas ya privatizadas de costa, como el Club de Regatas, la playa del Yacaré. Con todo esto, queremos decir que existe una gran heterogeneidad de situaciones, y que un proyecto de esta envergadura afectaría directa o indirectamente a todos los correntinos, pero sin embargo hay un desconocimiento generalizado y poca información brindada desde las agencias oficiales.

"Estas experiencias u otras similares de transformación de áreas centrales se vienen dando en muchas ciudades argentinas (caso Puerto Norte, Rosario o Puerto Madero, Buenos Aires) y del mundo bajo estas modalidades de contratación público-privadas, donde el Estado disponibiliza una gran cantidad de suelo para mega operaciones, dirigido a una demanda de alto poder adquisitivo. Nuevamente surgen dudas, en cuanto sabemos que estas formas de gestión suelen aplicarse a áreas donde a los privados no les interesa intervenir, espacios obsoletos o con una creciente degradación, o donde el Estado busca redireccionar el crecimiento urbano; sin embargo, aquí estamos hablando de áreas ya valorizadas y centrales. A su vez, suelen referir al involucramiento del privado a un proyecto urbano definido por el Estado, sin embargo eso aquí no existe.

"Está de más mencionar que este tipo de emprendimientos no solo modifica totalmente el paisaje o las características identitarias de las áreas centrales (y que en nuestra ciudad tiene un valor histórico-patrimonial significativo) sino que genera una serie de efectos sociales, ambientales, económicos negativos. Podemos resumir algunos de estos procesos en:

"- Valorización o modificación de la rentabilidad de los usos del suelo producida por factores como: 1) las inversiones históricas o puntuales en el área, en infraestructura y equipamientos, y que generalmente estuvieron y están a cargo del Estado; 2) las modificaciones en las capacidades constructivas a cargo del gobierno: densidades edilicias, usos del suelo (como los 35 pisos que se permiten); 3) los procesos históricos que a través de la acción paulatina del pueblo van constituyendo a estas áreas como “de oportunidad” y a su vez, la acción de los privados que, al construir edificios para sectores de alto poder adquisitivo, van aumentando el valor del sector.

"Esta valorización se denomina sobrelucro, sobreganancias o “plusvalías urbanas”, muy resumidamente explicamos: surgen a partir de una “brecha de renta” producida por los factores anteriormente mencionados, y que advierten una posibilidad de negocio a través de operaciones de renovación urbana. Esta renta diferencial es capitalizada siempre por unos pocos, aquellos a quienes el Estado les cede o vende la tierra, los propietarios del suelo, inversores, desarrolladores inmobiliarios, quienes multiplican sus ganancias sin devolver nada a la ciudad. De esta forma se hace caso omiso al Art. 14 Inc. 27 de la Carta Orgánica Municipal. “Propender al cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor agregado por planes u obras del estado municipal.”

"Es importante aclarar que no son solo los empresarios locales los que participan de estas oportunidades, ya que pueden atraer nuevos intereses empresariales, de capitales provenientes de otros lugares (nacionales o internacionales) que buscan fijar su capital en algún nuevo negocio redituable, bajo ciertas modalidades de inversión en auge.

"Los productos (como departamentos) se diseñan para una demanda potencial de compradores, y no para usuarios reales, o la población en general que está lejos de acceder a un departamento en estos lugares. Funcionan como un medio de inversión, que luego genera un gran stock de inmuebles vacíos, como contracara a una ciudad con alto déficit habitacional.

"- La sustitución social y simbólica del lugar. A su vez, produce la expulsión de pobladores históricos de un área por pertenecer a un sector social medio o bajo o por su ocupación informal. Estas acciones muchas veces conducidas por el Estado, omiten que la problemática de base es la dificultad de acceso a un hábitat digno (y no solo a la vivienda), y que este es un derecho que debiera ser garantizado por el mismo. Como también los efectos de gentrificación: un fenómeno paulatino de expulsión y desplazamiento de las clases populares por los mismos efectos de revalorización del área, reclamados por las coaliciones privadas. Esto puede verse con los procesos producidos en la Costanera Sur. La expulsión de los pobladores históricos del lugar, ya sea por su relocalización en la periferia o por la desregulación del mercado, contribuyen a generar espacios o fragmentos de elite, cercados, con sistemas de vigilancia. Procesos de segregación cada vez mayores que excluyen a los más pobres de las posibilidades de acceder a un hábitat digno.

"- Los efectos ambientales negativos que produce el relleno y ocupación de áreas bajas, el entubamiento de antiguos arroyos (como el caso del A. Limita sobre el que se encuentra la Av. Jorge Romero), las diferentes formas de “ganar tierras al río” (partiendo de que existen demarcaciones catastrales que se encuentran sobre el agua), la impermeabilización a partir de la construcción de estas mega-torres que muchas veces omiten ciertas cuestiones en sus Estudios de Impacto Ambiental. Sabemos que según quien lo detente, la línea de ribera será corrida o no, y hay muchas cuestiones que se convierten en falaces bajo los criterios de “sostenibilidad” que se suele mencionar en las normativas. Sumando a todo esto, que Corrientes posee grandes retrocesos en cuanto a las regulaciones en materia de riesgo hídrico, sin poseer ninguna cartografía o resoluciones que zonifiquen áreas de riesgo por inundación o anegamientos.

"- La destrucción de áreas patrimoniales, que siempre se encuentran en riesgo, frente a actores que buscan generar mayor rentabilidad. Si bien, en este caso, se referencia a la “Adhesión de la Municipal al Decreto Nacional nº 1063/82 Protección de Inmuebles Mayores de 50 años. B.M. nº 575. Ord. 1071” (p. 10), sin embargo, algunos de los terrenos afectados por el plan con inmuebles de gran valor patrimonial, son dotados de capacidades constructivas de 105 mts. de altura.

"En un informe presentado por la Asociación de ARQ de Corrientes que nos integra, se buscó a partir de los pocos indicadores planteados en el proyecto de ordenanza, analizar el porcentaje de superficie “a ceder”, los cuales no se especifica cuál será su ubicación, como se garantizará el carácter público de acceso a la ribera, qué usos se le dará, etc.

"Las preguntas que se plantea a partir de esto son:

"a.- De las casi veinte hectáreas (19,76 ha), que suman la totalidad de las seis Unidades de Gestión que se van a intervenir, el 41,15 % de las mismas se transformarán en suelo urbanizable (8,13 Ha); y el resto, es decir 11,63 Ha (58,85 %) que se “cederán” para los espacios de uso público, la primera cuestión que surge es: ¿Cuál será el valor de “venta” que se aplicará a dichos suelos urbanos de privilegiada ubicación, y cuáles serán los destinos de dichos fondos?

"b.- De acuerdo a la superficie edificable que la propuesta prevé, la sumatoria total del desarrollo costero implicaría un volumen edificable de 353.400 m2. Poniendo como referencia de comparación este supone siete veces el volumen del Conjunto Urbanístico ya construido en Santa Catalina, el barrio de 678 viviendas y locales complementarios representan aproximadamente unos 50.000 m2 construidos. Esto representaría aproximadamente 4.700 nuevas unidades funcionales, de las cuales, de acuerdo a lo planteado en el texto del proyecto, para uso residencial podría implicar en el caso más extremo, el 75 % de lo edificado, es decir, 3.500 nuevas unidades residenciales, es decir unos 14.000 habitantes en dicho sector.

"c.- ¿En qué plazos y etapas se prevé desarrollar este ambicioso plan?

"d.- ¿garantizará el acceso público a primera línea de costa?

"e.- ¿Cómo se prevé atenuar o morigerar el impacto de la alta concentración urbana que este volumen edificatorio implica, en la ya congestionada área central de la ciudad? Entre otros aspectos: las aproximadamente 5.000 plazas de estacionamientos que dicha intervención demandará.

"¿Cuáles serán las estrategias técnicas para atenuar el impacto hídrico sobre el drenaje urbano para tal volumen de superficie a construir?

"f.- ¿Quiénes serán los potenciales beneficiarios de dichas residencias?; habida cuenta que el déficit habitacional estimado para nuestra provincia en la actualidad es de aproximadamente 50.000 viviendas? (43.308 viviendas según la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación)2; que las 678 viviendas construidas, terminadas, y preadjudicadas en Santa Catalina aún no se entregan por las nuevas condiciones de financiamiento y los escasos niveles de ingresos locales?3; y que en la actualidad, los desarrollos urbanos que se están construyendo en la Costanera Sur, se están vendiendo “al pozo”, por no menos de $ 60.000 (2.000 Usd), el metro cuadrado?

"¿Cuántos ciudadanos estarán en condiciones de acceder a dichas unidades funcionales, situadas en esos espacios privilegiados de la ciudad? Y en este sentido, ¿Cuál será el beneficio concreto que recibirá la Ciudad de Corrientes, y por lo tanto sus vecinos, en este enorme volumen de negocios? Abundan las preguntas y faltan respuestas.

"Este proyecto de ordenanza entrega a cierta unidad ejecutora (en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano) el poder de decidir sobre estas grandes superficies de tierra pública. Esto implica que la unidad debe participar de instancias de negociación y acuerdos, en los que, sin un sustento de instrumentos normativos, regulatorios, tanto como conocimiento técnico exhaustivo y conciencia social de estos gestores, lo que suele producirse es la entrega de los bienes públicos, otorgando al capital privado el poder de desarrollador urbano. Y bien sabemos, que el mercado tiene una forma de hacer ciudad que tiende a la fragmentación y la segregación socio espacial. Es por esto por lo que más allá de conceptos incluidos como “permeabilidad peatonal”, “sostenibilidad social” y algún que otro criterio urbanístico vacío, es en la unidad ejecutora, en la que recaen las decisiones finales (como se menciona en el Art. 23). Estos recursos discursivos de eficiencia o sostenibilidad son demasiado abarcativos, poco específicos, anulan la existencia del conflicto y no mencionan acciones o instrumentos reales que estimen cómo lograr estas pautas. ¿realmente nos imaginamos que podría pasar si construimos torres de 105 mts. de altura al borde de nuestro río? ¿de qué “paisaje” hablan?

"Por otro lado, la participación pública privada como nuevo sistema de contrataciones establecido por la Ley 27328, o el establecido por ley provincial N° 6435, el cual se incluye como una condición dentro de este proyecto; es una nueva forma de contratación que surge recientemente en nuestro país, diferente a los mecanismos que el Estado tradicionalmente reguló en cuanto a proyectos de tal envergadura. Sobre esta nueva normativa existe muy poco dicho y se encuentra muy poco estudiada, pero devela cuestiones muy preocupantes como en por ejemplo, que para este tipo de contratación, los privados establecen su expectativa de ganancia o rédito y el Estado debe garantizarlos, si no se logra a lo largo del proceso, el Estado debe pagarle con fondos públicos. (art. 9 inc. q)

"Este nuevo sistema de contratación tiene como desventaja que en la mejor de las situaciones el Estado podría quedar en niveles iguales a los privados (libre competencia, donde el Estado es un privado más). Sin embargo, no tiene como en los anteriores sistemas (la Ley de obra pública, de concesiones o compra y contrataciones) cierto nivel de regulación por encima de los privados, en este caso queda en paridad. Esto le resta atribuciones al Estado y limita las formas de accionar que posibiliten trabajar, no ponderando la rentabilidad económica sino promoviendo realmente inclusión social. "Observando las áreas que quedan afectadas por este proyecto de ordenanza, nos preguntamos: ¿dónde participan aquellos que no tienen voz ni voto, que serán afectados por estas nuevas propuestas? ¿Dónde participamos todos aquellos que pertenecemos al pueblo y que entendemos que acá están en juego nuestros bienes colectivos? "Sobre la serie de espacios y personas afectadas nos preguntamos: "-¿Qué pasará con los trabajadores de Vías navegables? Entendiendo que los trabajadores hace tiempo vienen luchando en contra del cierre y/o traslado de la Dirección de vías navegables, el inminente despido de múltiples trabajadores, el posible desguace de bienes como las dragas, etc. "-¿Qué pasará con la Usina? Sabiendo que está en manos de TRASNEA y que en el marco del “plan” está afectada, pero no se establecen parámetros para ella. "-¿Qué pasará con el puerto, la escuela técnica, el mercado paraguayo? "Nos preguntamos, ¿en dónde quedan los criterios urbanísticos que presentan estas “buenas intenciones” de “sustentabilidad”, árboles por cuadra, “movilidad sustentable y saludable”, “permeabilidad peatonal”; cuando hablamos de todos estos efectos, la mayoría inminentes? "Cuando en la ordenanza se habla de “resultar en un paisaje de frente costero singular de imponencia simbólica y alto dinamismo en cuanto al uso público”, refiere claramente a un ideal de progreso construido por medio de quienes sustentan el poder económico, los pocos dueños de la tierra y los pocos que podrán acceder a esta “nueva ciudad”. "Nuestros pedidos: "Como colectivo de organizaciones reunidas críticamente y preocupadas, frente a este proyecto de ordenanza poco específico, sin consenso social y de carácter elitista, exigimos un Master Plan por y para la ciudadanía, que posea todas las especificaciones necesarias y que piense en todos los habitantes que aquí residimos. "Exigimos: "* Que el proyecto de ordenanza sea examinado exhaustivamente por la Comisión Permanente de Código de Planeamiento, acompañado por una mesa interinstitucional e intersectorial.

"* Que los concejales no voten por semejante indefinición y la posibilidad de enajenación de nuestros bienes colectivos, sin exigir respuesta a todas las cuestiones mencionadas en este informe.

"* Que se convoque a especialistas y a diferentes sectores, tanto como a las organizaciones aquí presentes y a todos los sectores sociales interesados en la temática.

"* Que se convoque a Audiencia Pública y consulta ciudadana.

"* Que se agoten las instancias de estudios de impacto ambiental, paisajístico, social, económico, y de todos los aspectos que impactarán y transformarán la ciudad con obras de semejante envergadura.

"Exhortamos a nuestros representantes en el Concejo Deliberante a respetar la participación ciudadana democrática, y a no votar ordenanzas a espaldas de la sociedad que afectan sus derechos a una ciudad más equitativa, integrada, plural, sustentable y justa.

Organizaciones firmantes: Colectivo Hábitat Corrientes (Comisión Justicia y Paz del Arzobispado, INCUPO, GAJAT, Asociación de Inquilinos de Corrientes), Comisión RI9. Espacio de Memoria. TURBA - Colectivo de Hábitat. Asociación de Arquitectos de Corrientes. Red Vecinal Zona Norte. La Usina Cultural. Asamblea Ciudadana de Corrientes. Asociación de Trabajadores del Estado. ATE. Central de Trabajadores de la Argentina. CTA. Centro Cultural Siete Corrientes “El Flotante”. La Choza.


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