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Sociedad Corrientes Jueves 16 de mayo de 2018 
22 HECHOS DE TORTURA
Piden detención de 26 militares por torturas en Malvinas a soldados del Regimiento 5 de Libres
El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos que pertenecían al Regimiento de Infantería N°5 de Paso de los Libres durante la guerra de Malvinas

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La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco Compañías militares.

Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.

La fiscalía federal, por lo demás, argumentó sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos. Además, detalló: “Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”.

Las víctimas prestaban servicio a la Nación en diferentes compañías del mismo regimiento con asiento en Pasos de Los Libres, cuyo personal y logística fue desplegado en la zona de Puerto Howard, denominada tras su arribo Puerto Yapeyú, en la Isla Gran Malvina, donde entraron en combate con las fuerzas inglesas.

Todos los denunciantes refirieron que tras su regreso al continente fueron abordados por personal militar de inteligencia que les hizo firmar un documento donde se les estableció la prohibición de hacer comentarios o referencias a los sucesos vividos en el conflicto armado.




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