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Sociedad Corrientes Domingo 08 de marzo de 2018 
ENTRE 2008 Y 2017
El 89% de las denuncias fueron realizadas por mujeres
De 80.078 casos de personas que se presentaron entre septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2017, por estar directamente afectadas por hechos de violencia familiar, el 89% correspondió a presentaciones realizadas por mujeres y el 11%, por varones, informó la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

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Este universo no incluye los 7.242 casos correspondientes a denuncias de “terceras personas”, es decir aquellas que concurrieron a denunciar hechos de violencia que afectaban a otro individuo.

La mayoría de las mujeres afectadas (71.542) denunció hechos de violencia por parte de un varón (91%). El principal vínculo con la persona agresora fue de pareja (83%) –incluye a ex parejas, novios o convivientes- y en el 61% de los casos registrados la mujer afectada ya no vivía con la persona denunciada, según datos de esa dependencia a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.

El segmento que aparece en una mayor situación de vulnerabilidad corresponde a mujeres adultas de entre 22 y 39 años (58%), mientras que los restantes grupos etarios arrojaron los siguientes porcentajes: 40 a 49 años (20%), 50 a 59 años (8%), 60 a 74 (5%) y mayores de 74 (1%). Las niñas hasta los 17 años representaron el 1% (este universo no incluye a las niñas y adolescentes alcanzadas por la violencia según el relato de la persona denunciante).

De los datos obtenidos en la Oficina, la mayoría de las mujeres que han denunciado violencia convive con hijas/os en el hogar (79%).

NIVEL DE RIESGO

Los Equipos Interdisciplinarios de la Oficina evaluaron el nivel de riesgo de las mujeres afectadas y se observó que la mayor cantidad de casos correspondió a riesgo medio (46%), alto y altísimo (36%) y bajo (18%). Las actuaciones iniciadas en un 97% de los casos fueron a la justicia civil de familia y en el 79% a la justicia penal, entre otras.

Entre los tipos de violencia observados, en el mayor número de casos fue psicológica (87%), física (62%), simbólica (45%), económica (35%), ambiental (29%), social (19%) y sexual (12%).

DEBER DE INFORMACIÓN

La Oficina, a cargo de la vicepresidenta del alto tribunal, Dra. Elena Highton de Nolasco, garantiza la confidencialidad de la información recibida (ver Acordada 4/2006 de la CSJN), que es reservada y sólo es suministrada a través de un requerimiento judicial. Los datos identificatorios se informan únicamente a la autoridad judicial interviniente.

La Corte Suprema, en cumplimiento de la Ley 26.485, realiza y hace públicos los registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia y responde a los pedidos de información de instituciones interesadas en la temática (ww.cij.gob.ar y www.ovd.gob.ar).

La Oficina contesta en forma permanente los requerimientos de las autoridades judiciales vinculadas fundamentalmente a la certificación de antecedentes (estado de los procesos judiciales; causas iniciadas, en trámite o finalizadas; medidas de protección dictadas, etc.). También provee de datos al Ministerio de Seguridad, la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los programas “Proteger” y “Las víctimas contra las violencias” (Línea 137), entre otros, cuando estas áreas han tomado intervención en el caso.

PROYECTO INÉDITO

Desde sus inicios, la Oficina implementó un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados.

Su creación implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios (integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina) para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros recursos del Estado.

Esta modalidad significó un claro avance en la consolidación de las políticas de acceso a justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


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