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Sociedad Corrientes Domingo 08 de marzo de 2018 
INFORME DE MOMARANDU.COM
93,3% de mujeres víctima de violencia de género denuncia haber sufrido maltratos más de una vez
En el 93,3% de casos registrados en Argentina entre 2013 y 2017, las mujeres víctima de violencia de género advierte haber sufrido maltrato más de una vez, en tanto, el 40,5% dice haber sido víctima entre 1 a 5 años y otro 23,8% más de 10 años, según datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres -RUCVM-, que además señala a la violencia doméstica con 97 %, como la modalidad más denunciada en este país. Lea más en este informe de momarandu.com.

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El estudio no incorpora los casos de femicidios, es decir, la muerte violenta de una mujer por razones de género debido a que estos casos son captados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

Los datos del universo de estudio de RUCVM corresponden a los casos de violencia, basada en el género, de mujeres de 14 años y más, que hayan sido denunciados ante un organismo del área de la mujer y/o hayan solicitado algún tipo de ayuda en las instituciones.

El estudio incorpora los resultados de todas las instituciones en Argentina, de salud (hospitales o centros de atención médica), de justicia (juzgados, fiscalías), de seguridad (policía, comisarías de la mujer), etc., en las que, ya sea en forma directa o a través de terceros, se han informado hechos de violencia.

Sus resultados constituyen una muestra del trabajo conjunto por parte de los organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) –organismo responsable del diseño de políticas en pos de la erradicación de este tipo de hechos– y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-.

Los datos fueron difundidos este miércoles, horas antes de conmemorarse en territorio argentino el Día Internacional de la Mujer, jornada elegida por cientos de organizaciones feministas para acordar estrategias de lucha para erradicar la violencia contra la mujer, los femicidios y travesticidios y reclamar la legalización del aborto, entre otras peticiones al gobierno.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA, 86,9%

La información recogida en el RUCVM da cuenta del predominio de la violencia psicológica (86,9%), seguida de la física (67,4%), la simbólica (25,1%), la económica y patrimonial (19,4%) y la sexual (7,9%).

La violencia psicológica, presente en la mayor parte de los casos recopilados en el RUCVM (86,9%), causa daño emocional y pérdida de la autoestima por parte de las mujeres que la padecen, y suele ser utilizada para vulnerar y someter a la víctima mediante la pérdida de la autoconfianza.

Este tipo de violencia en algunos casos va acompañada de violencia física, la cual se la emplea contra el cuerpo de la mujer produciéndole dolor, daño e incluso riesgo de vida. La violencia física se encuentra en el 67,4% de los casos registrados en el RUCVM, y ocupa el segundo lugar por su peso relativo.

De los casos registrados, la violencia simbólica está representada en el 25,1% y es un tipo de violencia que hasta hace muy poco estaba invisibilizada, dado que es la que se produce a través de patrones estereotipados, mensajes o valores que transmiten y reproducen desigualdad y discriminación hacia las mujeres.

La violencia económica y patrimonial tiene que ver con el deterioro o quebranto en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. El 19,4% de los casos incorporados al RUCVM contempló este tipo de violencia.

Por su parte, la violencia sexual implica la vulneración de la mujer al derecho de elegir libremente sobre su vida sexual. Incluye la violación dentro de la pareja y del matrimonio, y presenta fuerte subregistro debido a que "se trata de un tipo de violencia que se denuncia poco", según advierte este estudio.

VIOLENCIA DOMÉSTICA, 97,0%

La modalidad de violencia más informada al RUCVM es la doméstica (97,0%).

El RUCVM recibe además datos de instituciones que se ocupan de atender otras modalidades, como las denuncias de violencia laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, pero ellas tienen escasa representación en el total (alrededor del 1%).

Estas otras modalidades de violencia introducen nuevas categorías o nuevas figuras de agresor, hoy incluidas en la categoría “Otros”, tales como jefe/a, compañero/a de trabajo, obstetra/partera, amigo/amiga.

En cuanto a la frecuencia de la violencia y el tiempo de maltrato, dos variables que dan cuenta de la gravedad de la situación de violencia que soportan las mujeres antes de decidirse a concurrir a un centro en busca de ayuda, el informe indica que en el 93,3% de los casos registrados e incorporados al RUCVM, las mujeres mencionan que han sufrido situaciones de violencia más de una vez.

En cuanto al tiempo de maltrato padecido, el 40,5% de los casos refiere a un período de 1 a 5 años y el 23,8% de los casos a más de 10 años de maltrato.

El informe también revela que en el 82,7% de los casos, el vínculo de la víctima con el agresor es el de pareja (45,8%) y expareja (36,9%), situación que se da en en todos los grupos de edad de las mujeres, aunque hay otros vínculos familiares presentes en determinadas edades.

La pareja y expareja presentan los porcentajes más elevados en todos los grupos de edad entre los 20 y los 49 años, concentrando el 89,1% de los casos registrados de mujeres de 20 a 29 años, el 90,8% en las de 30 a 39 años y el 85,1% en las de 40 a 49 años.

A partir de los 50 años se destacan otras categorías de relación de parentesco, como hijos y otros vínculos, entre ellos, los padres (padre y madre) entre las adolescentes de 14 a 19 años (17,3%) y los hijos (hijo e hija) entre las mujeres de 50 años y más.

Esto implica una vulnerabilidad específica, porque la víctima mantiene o mantuvo una relación afectiva que puede incluir además la existencia de hijos o de bienes en común. Esto se constituye en un obstáculo difícil de sortear para que la mujer pueda salir de la situación de violencia.

El peso relativo de los hijos es del 13,8% en el grupo de mujeres de 50 a 59 años y del 32,2% entre las de 60 años y más.

A la relación de parentesco entre víctima y agresor se suma la condición de convivencia entre ambos. De acuerdo al RUCVM, la víctima convive con el agresor en el 76,8% de los casos cuando se trata de la pareja, en un 69,1% cuando es el padre, en el 67,3% en el caso de la madre y en el 66,3% cuando son los hijos.

UNA FORMA DE VIOLENCIA NO EXCLUYE A OTRA

El informe destaca que las instituciones han reportado al RUCVM casi todos los tipos de violencia incluidos en la ley 26.485/2009 pero que hasta el momento no se cuenta con casos de violencia mediática.

La modalidad de la violencia refiere a las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos.

También aclara que los tipos de violencia no son excluyentes, es decir, que las mujeres declaran que sufren más de un tipo de violencia en forma simultánea, lo que se informó en el 70,0% de los casos.

Sobre el total de violencia doméstica registrado por el INDEC, -97,0%-, el Instituto de Estadísticas aclara que una de las razones de ese número es que la mayor parte de los organismos públicos creados para asistir a mujeres víctimas de violencia se ocupan precisamente de registrar esta modalidad particular.

El informe, explica que la violencia laboral es registrada por algunos organismos que actualmente proveen datos al RUCVM.

En cuanto a la violencia obstétrica, la ley nacional 25.929/2004, referida a la protección del embarazo y del recién nacido (parto humanizado), establece los derechos de las embarazadas y las protege en el momento del parto, fijando además aquellas prácticas realizadas sobre la madre y el bebé que pueden ser consideradas como violencia obstétrica.

Sin embargo, aún hay pocas instituciones que la registran y también son pocas las mujeres que conocen los derechos que tienen al momento del parto, así como los lugares en los cuales pueden realizar una denuncia si esos derechos no se respetan.

La violencia institucional, como su nombre lo indica, es la que se denuncia contra un organismo o institución determinada, en la que la mujer ha sido víctima de maltrato, como cuando concurre a una comisaría de la mujer y no la atienden o utilizan argumentos para que ella regrese a su casa sin hacer la denuncia contra el agresor.

También se considera violencia institucional la que captan algunos organismos nacionales que se ocupan de visibilizar la violencia que sufren las mujeres privadas de la libertad.

VIOLENCIA DE GÉNERO, UN FENÓMENO SOCIAL COMPLEJO

De acuerdo a los investigadores que participaron de este estudio, los registros administrativos que alimentan específicamente al RUCVM remiten a datos que dan cuenta de un fenómeno social tan complejo como la violencia contra las mujeres.

El concepto utilizado en el RUCVM respecto de dicho fenómeno se basa en las definiciones de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 26.485/2009.

En su artículo 4, dicha ley define la violencia contra las mujeres como: "…toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal".

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

En el artículo 5, la misma ley define los siguientes tipos de violencia, los cuales son considerados en la presentación de resultados y en el análisis de la información del estudio. Entre ellas:

"Física", que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

"Psicológica", que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento; incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

"Sexual"; cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

"Económica y patrimonial"; que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer.

"Simbólica", que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Asimismo, en el artículo 6 se definen las modalidades de la violencia, es decir, las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres según los diferentes ámbitos en que ellos se producen:

"Violencia doméstica", ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

"Violencia institucional", aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley.

"Violencia laboral", que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en él, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.

"Violencia contra la libertad reproductiva"; aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

"Violencia obstétrica"; aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.

"Violencia mediática"; aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

MARCO DE AMPARO LEGAL

El Estado nacional argentino ha ratificado los convenios y tratados internacionales adoptados sobre la violencia contra la mujer durante las últimas décadas.

En el ámbito internacional, ha adoptado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por el Estado argentino en 1985. Sus consideraciones fueron incorporadas a la Constitución de la Nación Argentina (ley nacional 24.430/1994), la recomendación nº 19 de la CEDAW, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres durante el período de sesiones del año 1992, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 1994 en Belém do Pará, Brasil, el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 por la Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobado en la Argentina de acuerdo con la ley nacional 25.390/200113.

En el ámbito nacional, se suscriben la ley nacional 24.417/1994 de Protección contra la Violencia Familiar establece medidas cautelares para proteger a las personas en esa situación y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 26.485/2009, que establece como principios rectores la adopción de medidas para sensibilizar a la sociedad mediante la promoción de valores de igualdad, la no legitimación de la violencia contra las mujeres, la asistencia integral y oportuna para quienes sufren cualquier tipo de violencia, para asegurar un acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz a los servicios creados con este fin, así como la promoción del castigo y la rehabilitación de aquellos que ejercen la violencia.


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