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Sociedad Corrientes Martes 22 de agosto de 2017 
SANTA MARÍA DEL AGUAPEY
Ex funcionario nacional sospechoso en causa narcoaviones por compra de campo correntino
Al reclamar la propiedad de un campo correntino Benigno Vélez, ex secretario legal y técnico del Ministerio de Economía de la Nación y mano derecha de Boudou, se puso en la mira de la justicia pues ese campo era utilizado como "aeropuerto" narco

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Vélez también fue gerente general del Banco Central hasta su remoción en febrero de 2012 y fue uno de los hombres de mayor confianza de Amado Boudou.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó al ex funcionario nacional una presentación que había hecho para desafectar de un decomiso 409 hectáreas de un campo que había comprado en julio de 2013.

Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos, autores de la nota del diario La Nación, señalan que las 409 hectáreas que reclama Vélez son parte de la estancia Santa María del Aguapey, cerca de Gobernador Virasoro, que fue utilizada por una importante organización narco transnacional -conformada por argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos- para acopiar grandes cantidades de cocaína que provenían de Bolivia.

Según se señala, Vélez cree ser víctima de una estafa dado que arguye que compró el campo de "buena fe". Se trata de la estancia Santa María del Aguapey, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Explicó que la operación se hizo el 11 de julio de 2013 y que las firmas de las partes fueron certificadas en un acta notarial y afirmó que el mismo día que se hizo la transacción, la entonces propietaria del campo María Hilda Calabrese -condenada a 20 años- le otorgó un poder especial irrevocable para escriturar el inmueble, algo que nunca se hizo.

Lo cierto es que está comprobado en la justicia federal, que en ese campo funcionaba un "aeropuerto" narco, donde, explican en el artículo de La Nación, dos días a la semana aterrizaban cargamentos de cocaína provenientes de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El juicio terminó con la condena de diez imputados a cumplir entre 16 y 20 años de prisión. Y un testigo de identidad reservada confesó que esa banda tenía relaciones con el poder político. Pero, se cuenta en el artículo, sugestivamente esa trama nunca se investigó porque la declaración se "traspapeló" durante un año y medio en el juzgado de Paso de los Libres, donde se descubrió un nudo de corrupción que provocó la renuncia del fiscal Benito Pont.

Según la investigación judicial, la organización narco también utilizaba otra estancia de Calabrese, conocida como Santa Úrsula. Fueron decomisadas en total 7400 hectáreas y transferidas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tras un pedido del fiscal, tal como ya lo informara oportunamente momarandu.com:http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=158924.

Florentino Niemiz, pareja de Calabrese, que figura como dueña del campo, declaró primero como testigo de identidad reservada en el juzgado de Paso de los Libres. Dijo en esa oportunidad que en este caso "había un político metido". Nunca en el inicio de la causa le preguntaron quién era. Y su declaración se "traspapeló" durante un año y medio.

El 26 de junio pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó -por medio del oficio 305/17- una investigación por pedido de la Fiscalía por supuestas irregularidades en el juzgado de Paso de los Libres en el marco de esta causa conocida como narcoaviones. Se sospecha, se dice en el artículo periodístico citado, que en ese despacho se hizo desaparecer documentación importante de la causa.


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