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Sociedad Corrientes Miércoles 10 de agosto de 2011 
CONVENIO STJ-OEA
Justicia a domicilio
“Se busca llevar la justicia a los lugares donde vive la gente”, dijo el presidente del Superior Tribunal Carlos Rubín tras la firma de un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la implementación de un programa que impulsa el rol de facilitadores judiciales.

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El trabajo es voluntario, y puede ser ejercido por cualquier mayor de edad alfabetizado. Se comienza a implementar desde ahora, con la intención de extenderlo a toda la provincia.

Representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia suscribieron este miércoles un convenio por el cual Corrientes se convierte en la primera provincia Argentina en implementar un programa para contar con facilitadores judiciales.

Este programa, que ya se desarrolla en países como Panamá, Ecuador, Nicaragua y Paraguay por la OEA, propone la legitimación del rol de facilitadores judiciales vinculados con los juzgados de paz, con la intención de “disminuir la brecha de acceso a la justicia” por un trabajo cercano a la gente en los barrios.

“Descomprimir los juzgados es un efecto colateral, lo principal es llevar la justicia al acceso de la gente en sus barrios, cerca de sus casas”, remarcó el presidente del Superior Tribunal, Dr. Carlos Rubín, al concluir la firma del convenio. “Las cuestiones de mayor cuantía ya están en mano de los juzgados, pero las de menor cuantía, que también preocupan a la gente, no tienen soluciones fáciles ni rápidas”, evaluó.

A su turno, el coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, Pedro Vuskovic, explicó que los facilitadores promueven una cultura de paz. “Es un programa que se viene desarrollando en otros países, donde hay mas de 4 mil facilitadores. Contamos con trasladar aquí nuestras mejores experiencias”, manifestó.

En cuanto al rol del facilitador, el gerente regional del Programa de Facilitadores Judiciales para Paraguay y Argentina, Ennio Argüello, sintetizó la tarea como la de “un amigable componedor”. Aunque explicó que no será puntualmente la de mediador, aunque podrá participar de la resolución de conflictos extrajudicialmente. Desempeñarán un trabajo voluntario, no remunerado, y los requisitos que tendrán que cumplir son ser ciudadanos mayores de edad y estar alfabetizados.

“Lo que se hará será ligar a los facilitadores con los operadores de justicia, como las fiscalías, defensoría y policía. Así, su rol es complementario al del mediador. Otra diferencia es que los mediadores suelen estar en las cabeceras de las provincias o los departamentos, mientras que los facilitadores judiciales podrán estar en todos los barrios de todo el territorio”, aclaró Argüello.

Durante la firma del convenio los delegados de la OEA remarcaron la necesidad de “darle a todas las personas la misma respuesta a sus necesidades de resolver conflictos en la justicia”, a la vez que destacaron la labor de la provincia en un plano judicial. “Están en un buen camino, eso se demuestra también con la reforma del Código Procesal”, sostuvieron.

Por su parte el presidente del Superior Tribunal, Carlos Rubín, destacó también el papel que desempeñarán organizaciones intermedias y los municipios para canalizar y aplicar el programa. “No estamos solos en este emprendimiento que encaramos por el bien de la provincia”, subrayó.

Participación de ONG´s

La implementación del programa de facilitadores judiciales contempla la intención de articular el trabajo con Organizaciones intermedias. Entre los representantes de OGN´s que presenciaron la firma del convenio con la OEA, estuvo la directora del área de extensionismo de COE-TI, Dra. Elba de Tolcachier.

En diálogo con momarandú.com, la letrada destacó que esa organización, con años de trabajo vinculado a la prevención y atención de la violencia familiar, se propone acompañar la implementación del programa de OEA, tanto como de un nuevo proyecto que se impulsa desde la ONG en convenio con la UNNE, llamado “La Justicia va a la gente”.

“Ambas propuestas están en consonancia con la intención de acortar las brechas de acceso a la justicia. Una de nuestras misiones es ayudar a la sociedad civil a resolver sus conflictos. Para eso contamos con abogados, psicólogos y asistentes sociales. Ahora para ser facilitadores habrá que capacitarse en problemáticas de vecindad”, evaluó.

Salvo los problemas relacionados con violencia familiar – que no se median – Tolcachier se manifestó a favor de promover instancias de acuerdo, a la vez que destacó la utilidad para la gente de un acompañamiento en trámites judiciales. “Las personas necesitan orientación y acompañamiento, no se la puede dejar sola. Con la implementación de los juzgados barriales se va a poder articular mucho mejor”, rescató.


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