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Opinion Corrientes Viernes 24 de agosto de 2018 
Plan Costero, el triunfo del caballo del comisario
( Por Nicolás Toledo).Pese a ser Corrientes una provincia mezquina de memoria, sería bueno que la sesión del Concejo Deliberante capitalino en la que se impuso la aprobación del Plan Costero pasara a la historia de oprobios, ruindades, descaro y agachadas que la política partidaria suele prodigar a manos llenas por estos lares.

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La fría mañana del jueves contó con todos los condimentos de las puestas en escena armadas para cumplir con las formas que legitiman superficialmente los saqueos sobre la cosa pública, en los que la entente Nación, Provincia y Municipio viene siendo pródiga. Un exagerado operativo de seguridad que incluyó tropas policiales de asalto con los rostros tapados, escudos antidisturbios e itakas blindó el recinto para intimidar a los ciudadanos que se convocaron para hacer oír su voz ante lo que consideran- con justicia- un negocio a ser liquidado sin importar el costo.

El criterio intimidatorio del operativo (que seguramente sustrajo efectivos a la lucha contra una inseguridad que el oficialismo se esmera en negar), fue tan evidente como la prisa que impuso el Ejecutivo municipal a lo que no significa un trámite administrativo cualquiera, sino nada menos que la entrega del patrimonio público a la exclusión, la especulación inmobiliaria y el arribo de los mismos actores empresariales que se caracterizan por poner el lucro depredador por encima de cualquier cuestión social y del interés general; cualquier barrio gentrificado de la CABA puede dar testimonio de lo que la edificación sin control significa.

El impacto ecológico, ambiental, urbanístico, patrimonial y de infraestructura de un proyecto siquiera definido claramente pareció importarle muy poco a los nueve concejales que votaron por la aprobación del proyecto. Los que se animaron a fundamentar su decisión ensayando trastabillantes discursos lo hicieron con ese cóctel de soberbia, lugares comunes, frases hechas, chicanas y datos malintencionados que el escenario político local suele ofrecer cuando de abroquelarse detrás de los intereses propios se trata. Así, se escuchó a una concejala festejar la restitución del predio del Regimiento 9 (lugar de detención clandestino durante la última dictadura) a la ciudadanía correntina, que podría “tomar mate y pasear por ahí sin muros”; a un concejal sostener su voto diciendo que “no tenía miedo al cambio”; y a otro, en un alarde de cinismo, reflexionar que “parecería que está mal legislar para los sectores de mayores recursos”, aprovechando para prometer, en sintonía con el discurso de los CEOs instalados en el Gobierno nacional, que la aprobación del Proyecto traería “empleo digno, de calidad” (sin importarle que, en las puertas del Concejo trabajadores de la Dirección de Vías Navegables se manifestaban por estar quedando sin su fuente laboral gracias al desmantelamiento de la institución y la cesión de sus terrenos a los capitales especulativos, pero ese empleo, público, no parece tan digno para la meritocracia como limpiar los vidrios en edificios de lujo privados).

Aunque parezca desafortunada, es en esa frase donde reside el origen de los legítimos cuestionamientos a un proyecto de oscuro origen y peores objetivos: en la colisión entre el interés público y el objetivo financiero privado, lucha que se dirime de manera violenta en estos tiempos de neoliberalismo despiadado. Dicho de otro modo, el Estado, siempre ineficiente según la definición de gerentes puestos a funcionarios que no pueden cumplir eficientemente con su trabajo, versus la empresa privada óptima en la generación y el manejo de recursos económicos, no importa a qué costo. Debido a esa ineficiencia, el Estado debe ser recortado, reducido a su mínima expresión; sus trabajadores deben ser cesanteados, sus funciones podadas, su patrimonio y soberanía entregada a unos mejores administradores, justo los de la parte privada.

Los terrenos de la Costanera deben ser expropiados a los correntinos, que no saben darle provecho ni uso productivo y únicamente los dedican al goce recreativo o al mero ocio, en detrimento de los capitales que construirán torres, centros comerciales, polos gastronómicos en los que todo se resignifica en consumo.

Como respuesta al edil sincericida, se puede rematar diciendo que no, que no se debe legislar para los sectores de mayores recursos. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, esos mayores recursos proveen a esos sectores herramientas a las que la ciudadanía de a pie no puede acceder, entre ellos poder de lobby, cooptación económica, aparatos legales. El legislador- el Estado- debe funcionar como contrapeso de esos sectores, recortándoles una parte de su poder para distribuirlo entre sus representados y así propender a la equidad, piedra basal de la democracia.

De lo contrario se alimenta al poder con más poder.

El Plan Costero significará el desembarco de los Macri, de los Calcaterra, de los Rocca, de todos los amigos y entenados del poder que están diseñando un país para muy pocos, y eso es algo que ni los entusiastas ediles que corrieron detrás de ellos ignoran. No se les puede atribuir ingenuidad o buena fe cuando las muestras de las políticas que propician estallan por todo el país como un alerta que no se puede ignorar. Desigualdad, exclusión, pérdida de derechos, expoliación de lo público y degradación social es el nefasto combo que están dejando como huellas de sus acciones en toda nuestra geografía. Ya tuvimos un triste prólogo de remate de lo nuestro con los Esteros de Iberá, donde la voz de los postergados es ignorada por obra de la distancia y la omisión intencionada.

Las consecuencias no tardarán en llegar, y no serán buenas para la mayor parte de los correntinos, esos que no tienen tantos recursos como los otros, a los que plañe por defender un concejal mercenario